ACUERDO SOCIAL Y POLÍTICO PARA UNA LEY EDUCATIVA QUE SALVAGUARDE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

El día 21 de noviembre se presentó en el IES San Isidro de Madrid las Bases de un Acuerdo político y social en el que han participado 17 colectivos sociales, Asociaciones de padres y madres, sindicatos de estudiantes, partidos políticos y sindicatos .

El acuerdo y compromiso para este trabajo colectivo fue tomado en unas jornadas celebradas en octubre de 2014, que concluyeron con la necesidad de una ley consensuada por toda la comunidad educativa para conseguir que tenga estabilidad y no solo, como hasta ahora, bajo pactos políticos. Una ley que signifique un cambio real hacia un sistema educativo emancipador, universal, público, gratuito, democrático y comprensivo enfocado hacia una formación integral y que tenga en el centro el desarrollo pleno de todos los alumnos y alumnas.
El documento coordinado por el Foro de Sevilla se abrió a la participación de la comunidad a principios de julio de este año y ahora se están realizando adhesiones de instituciones y personas particulares http://porotrapoliticaeducativa.org/
Se necesita una nueva ley educativa que realice una profundización democrática y no arrastre estigmas del pasado. Una ley que garantice la justicia social, sujeta a principios de igualdad, laicidad, autonomía, participación democrática…, que haga efectivo el derecho a la educación y a una escuela pública, de titularidad y gestión pública, desde el nacimiento.
En la mesa de presentación de este acuerdo participaron:
Francisco García – Secretario General de FE-CCOO.
Salvador Benavent – Coordinador de Acción Sindical de STES-I.
Jesús Salido – Presidente de la CEAPA.
José Moya – Coordinador del Programa de Educación del PSOE.
Enrique Díez – Coordinador Federal de Educación de Izquierda Unida.
Sandra Mínguez – Responsable de Educación del Consejo Ciudadano Estatal de PODEMOS.
Fernando Arribas – Portavoz de La Educación que nos une.
Lola Ruiz – Portavoz de la Asamblea Marea Verde Madrid.
Entre las ideas más destacadas se plantearon:
– La universalización del derecho a la educación pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Todos y todas deben tener una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública y acabar con las desigualdades que se producen entre la red pública y la privada-concertada por la clasificación del alumnado. En este sentido los colectivos de infantil insistieran en la necesidad del reconocimiento de la educación infantil desde los 0 a los 6 años como una etapa educativa con unidad (no conciliadora), pública y gratuita, con unas condiciones adecuadas a sus especiales características y con regulación estatal.

– Se defendió un currículo diversificado, integral, laico y ético que garantice la autonomía de los territorios, de los centros y del profesorado y contemple la sostenibilidad de nuestro hábitat. El currículum no debe estar regulado minuciosamente por textos legislativos lo que corresponde a la competencia y al desarrollo profesional docente. Europa Laica, de acuerdo con intervenciones ya realizadas desde la mesa, dijo que la religión debe estar fuera de la escuela y se deben evitar los idearios particulares de cualquier tipo garantizando el derecho del alumnado a la libertad de conciencia.

– Sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales y CEAPA plantearon la necesidad de revertir las políticas de recortes llevadas a cabo estos últimos años con la expulsión de más de 30.000 profesores y profesoras de la escuela, cierre de colegios en el medio rural, aumento de tasas en todos las etapas de enseñanza obligatoria y no obligatoria (FP, EOI, 0-3 años, universidad…) y con la falta de comedores, transporte, materiales escolares… quedando vulnerados los principios de gratuidad y de igualdad de oportunidades. Coincidieron en que hay una ofensiva contra el profesorado al que se le han deteriorado sus condiciones de trabajo aumentando las ratios, horas de clase…, que perjudica sobre todo al alumnado más desfavorecido. Junto a la pérdida de autonomía con la LOMCE, que estructura el sistema educativo a partir de la evaluación y la estandarización del currículum; evaluaciones que solo sirven para clasificar, competir y establecer ranquin entre alumnado, profesorado y centros.

– Reivindicaron la formación inicial y permanente del profesorado y su reconocimiento a través de un estatuto que reconozca todas sus funciones en la enseñanza y sea construido de forma participativa por la comunidad escolar y los sindicatos, así como la promoción de la investigación y la innovación en los centros educativos.

– Otro de los debate se centró en la autonomía y participación democrática de los centros que permite adaptarse a las características y necesidades de su alumnado y su entorno y posibilitan una inclusión real; centros abiertos a la participación de las asociaciones de padres y madres y al barrio y con una dirección representativa, colegiada y con una limitación temporal en el desempeño del cargo, elegida por la comunidad educativa y con la recuperación de competencias del Claustro y el Consejo Escolar.

Todo ello se consigue con una financiación garantizada para la educación pública que debe alcanzar el 7% del PIB. Para ello se necesita derogar las leyes y normas que respaldan las políticas de recortes y aumentar el gasto educativo para elevarlo a la media europea hasta alcanzar el 7% del PIB. Ello debería ser garantizado por la constitución, para no estar al arbitrio de quien gobierne y decida los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Finalmente la presentación del Acuerdo terminó con el reto de seguir trabajando por conseguir que:

*la educación sea un valor en sí mismo y no un solo medio para ganarse la vida,

*la educación pública garantice el derecho a la educación en igualdad de condiciones para todo el alumnado,

*se haga realidad un cambio, apoyado por toda la comunidad escolar y por los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

 

Madrid 21 de Noviembre de 2015

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