La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa critica el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón.

EL PROYECTO DE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN: UNA HUIDA HACIA DELANTE.

La aprobación del Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón llevada a cabo ayer por el Gobierno de Aragón constituye un claro gesto de irresponsabilidad política e institucional, pues la actual coyuntura de total incertidumbre financiera impide cualquier planteamiento de desarrollo de un nuevo modelo de función pública, máxime si el previsto por el proyecto normativo aprobado por el Gobierno de Aragón conlleva un elevado coste económico no evaluado.
Nos encontramos no solo ante un Proyecto de Ley inviable económicamente –pues es manifiesta la incapacidad de la actual Administración autonómica para financiar un modelo de carrera administrativa horizontal para todos los empleados públicos como el previsto en el proyecto aprobado-, sino ante un modelo de función pública rechazable, al no definir un horizonte real de profesionalización de la función pública, pues la libre designación mantiene un ámbito tanto o más amplio que el actualmente existente, a lo que se añade una función pública directiva, supuestamente profesional, cuya regulación queda totalmente indeterminada, convirtiéndose así en un nuevo ámbito abierto a la discrecionalidad política.
No solo nos encontramos ante un Proyecto de Ley inviable y deficiente, sino que además, y esta es la objeción más rotunda que cabe hacer al texto elaborado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, nos encontramos ante un proyecto legal que ha renunciado a fijar los elementos esenciales del modelo de función pública, confiando su definición a futuros desarrollos reglamentarios. Con ello se incumple de manera manifiesta la reserva de ley que debe observar el modelo de función pública, para que su configuración no pueda quedar en manos del Gobierno y de su capacidad normativa reglamentaria. Esto permite poner en duda la propia constitucionalidad de la futura Ley, al delegar en el Gobierno la definición de los elementos esenciales que han de determinar la carrera administrativa de los funcionarios públicos.
No solo la definición efectiva de la función pública no puede quedar confiada al Gobierno de Aragón, pues constituye una responsabilidad del legislador, sino que su eficacia y desarrollo no pueden quedar diferidos a un futuro indeterminado, sin plazos precisos, pues ello equivale a trasladar al Gobierno de Aragón no solo el qué y el cómo de la función público sino también el cuándo, algo que atenta al principio de jerarquía normativa que debe presidir las relaciones entre ley y reglamento, es decir, entre Parlamento y Gobierno.
En definitiva, la aprobación de este Proyecto de Ley por parte del Gobierno de Aragón, en un contexto de congelación del propio Estatuto Básico del Empleado Público, carente todavía de desarrollo en la Administración General del Estado, puede calificarse como una huida hacia adelante del Departamento de Hacienda y Administración Pública y del propio Gobierno de Aragón, abiertamente criticable, pues el Consejero responsable, Javier Campoy, o es o debiera ser totalmente consciente de la inviabilidad económica e inconsistencia jurídica del modelo establecido en dicho Proyecto de Ley, defectos ambos que quedan subrayados con el aval concedido al texto por los sindicatos de la función pública aragonesa.

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